Alcaldes de Santander denuncian obstáculos del gobierno para formalizar mineros en Soto Norte
Redacción: Marianne Rincón – TRO Digital
En un debate de control político en el Congreso de la República, los alcaldes de los municipios del área de influencia del Páramo de Santurbán, en Santander, acusaron al gobierno del presidente Gustavo Petro de poner trabas a la formalización de más de 600 pequeños mineros en la región. Los mandatarios locales de California, Suratá, Charta, Tona, Vetas y Matanza expresaron su preocupación ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
El alcalde de California, Danilo Valbuena, lideró las denuncias ante la Agencia Nacional de Minería, asegurando que, aunque existen mecanismos legales para formalizar a los mineros, las acciones del gobierno están frenando este proceso. «Tenemos formas de formalizar a más de 600 mineros informales, pero desafortunadamente el Estado nos está impidiendo avanzar. En California, el 100% de la minería es informal, y las autoridades nacionales no nos han dado soluciones concretas», afirmó Valbuena.
Valbuena también destacó que los pequeños mineros enfrentan múltiples barreras para cumplir con las normativas vigentes, como los costosos estudios ambientales y la elaboración de planes de obra que exige la ley. «No tenemos los recursos económicos ni las capacidades técnicas para cumplir con todos los requisitos que se nos piden», agregó.
Amenaza de minería ilegal y criminal
A la falta de formalización, los alcaldes sumaron una creciente preocupación por la incursión de personas externas en la región, quienes están involucradas en actividades de minería ilegal. Valbuena advirtió que mientras los mineros locales luchan por su formalización, grupos criminales han llegado para explotar los recursos sin ningún tipo de control, incrementando la inseguridad. “Nos sentimos abandonados por el gobierno desde hace muchos años. El problema de la minería ilegal se ha intensificado con la llegada de personas ajenas que realizan minería criminal”, denunció el alcalde de California.
En consonancia con lo anterior, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ya había alertado en meses anteriores sobre la presencia de bandas armadas en la región, como el Clan del Golfo y ‘Los Paisas’, dedicadas a la explotación ilegal de oro y a extorsionar a los pequeños mineros. “Tenemos conocimiento de la llegada de un grupo denominado ‘Los Paisas’, armados y organizados, que están comprando tierras y explotando minas de oro de forma ilegal. Esta situación está generando un grave problema de seguridad en Soto Norte”, afirmó Díaz.
La situación de violencia ha escalado a tal punto que se investiga si estos grupos están operando bajo las órdenes de organizaciones criminales trasnacionales o si responden a delincuencia común local. Los mineros de la zona aseguran sentirse amenazados e indefensos ante esta ola de intimidaciones.
Rechazo al Decreto 044 y preocupación por la pobreza
Por su parte, el alcalde de Suratá, Ecxon Pabón, expresó su rechazo a las zonas de reserva temporal que pretende implementar el Ministerio de Ambiente mediante el Decreto 044 de 2024, las cuales, según denunció, se están estableciendo sin consultar a las comunidades locales. «Si se implementa el decreto, nuestros mineros no tendrían ninguna opción para seguir trabajando fuera del área del Páramo. Condenan a nuestra gente a la ilegalidad y la pobreza», sostuvo Pabón, haciendo énfasis en que las nuevas restricciones afectarían a más de 35 mil personas de la región, entre mineros y agricultores.
El conflicto entre las comunidades mineras y el Ministerio de Ambiente ha escalado durante el último año. La ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González, ha defendido la decisión del gobierno de declarar zonas de reserva temporal en Soto Norte como una medida de protección ambiental. Según la ministra, gran parte de los territorios mineros de la región se encuentran en ecosistemas de gran importancia ambiental, como el Páramo de Santurbán, lo que hace necesario restringir la actividad minera para proteger los recursos hídricos. De las 24.300 hectáreas de títulos mineros vigentes o en proceso de solicitud en Soto Norte, 18.500 hectáreas están en zonas con determinantes ambientales que las hacen inviables para la explotación minera, explicó Muhamad en una entrevista reciente con Vanguardia.
No obstante, los alcaldes y los mineros rechazan las medidas del gobierno y aseguran que la formalización no se ha dado, en parte, por la falta de concertación con las comunidades locales. Además, denuncian que las promesas de formalización, como la entrega de títulos mineros, son inútiles si no vienen acompañadas de los recursos necesarios para realizar los estudios técnicos y ambientales que exige la ley. “No es suficiente entregar títulos, también se necesitan herramientas para que los mineros puedan cumplir con las normas”, insistió Valbuena.
El futuro de la minería en Santander
La situación en Soto Norte, una región con más de 400 años de historia minera,sigue siendo crítica. Se estima que alrededor del 70% de los 1.300 mineros tradicionales de la región trabajan de manera informal, muchos de ellos en socavones dentro del Páramo de Santurbán. Los líderes locales exigen que el gobierno cumpla con las promesas de formalización y concertación, y advierten que la falta de acción está empujando a los mineros a la ilegalidad.
Mientras tanto, la presencia de actores ilegales y las medidas restrictivas del gobierno continúan generando tensiones en una zona rica en oro y plata, pero marcada por la pobreza y la inseguridad. Las comunidades mineras de Soto Norte siguen esperando una solución que les permita continuar con su actividad de manera legal y sostenible.
