Esta historia, aunque parece sacada de un libreto de Hollywood, es real y sucedió en Colombia donde la Corte Suprema de Justicia, acaba de avalar la extradición de un ciudadano australiano quien vendía celulares a narcotraficantes colombianos haciéndoles pensar que eran “seguros” para hacer sus actividades ilegales.
Lo que no sabían los narcotraficantes es que los equipos adquiridos, pertenecían a al FBI quien lideró una operación internacional en varios países que permitió la captura de más de 800 personas.
La Fiscalía General de la Nación explicó que el FBI detectó la ubicación del ciudadano australiano y de más de 800 integrantes de estructuras ilícitas, “gracias a la puesta en marcha de una plataforma de mensajería por celular denominada ‘ANOM’. Este sistema, creado en conjunto con la Policía Federal de Australia, fue distribuido de manera focalizada y secreta a diferentes grupos criminales en el mundo como un supuesto mecanismo de comunicación seguro”.
Las autoridades agregaron que los delincuentes pensaban que sus comunicaciones eran seguras, pero “los datos e información que se compartían por esta herramienta eran conocidos por las autoridades de Estados Unidos, que la operaron de forma encubierta”.
El ciudadano australiano es requerido una corte del Distrito Sur de California para comparecer en juicio por cargos relacionados con concierto para ejecutar y participar en una organización criminal, a través de un patrón de actividades de crimen organizado.
Según el Buró Federal de Investigaciones FBI, desde octubre de 2019, el capturado haría parte de una red trasnacional que sería responsable de distintas actividades ilícitas como tráfico de estupefacientes. Algunos de los contactos de esta organización estarían en países de Europa, Asia y Suramérica.
La investigación finalmente señala que el sujeto australiano radicado en Colombia también fue distribuidor internacional de los dispositivos ANOM, y que en ocasiones utilizó la plataforma para gestionar el transporte y distribución de alcaloides. Así mismo que eliminó de forma remota los dispositivos cuando fueron decomisados por las fuerzas del orden público.
El presidente Gustavo Petro tiene la última palabra para la decisión de extraditar o no a Estados Unidos al capturado australiano.
