Kentucky ha prohibido la enseñanza de la educación sexual, incluida la pubertad, incluso a los estudiantes que ya están pasando por ella.

La nueva ley -que está llena de disposiciones anti-trans- también prohíbe la enseñanza sobre la pubertad hasta el sexto grado, cuando muchos niños ya están pasando por esa etapa.

“Algunos estudiantes que conocemos están pasando por la pubertad en el quinto grado o en algunos casos antes; no podrán recibir ninguna información de las escuelas sobre eso hasta el sexto grado, por lo que las escuelas deberán pensar en cómo pueden conectar a los estudiantes con otros apoyos o información al respecto”, dijo el comisionado de Educación de Kentucky, Jason Glass, a WKYT.com.

La medida es parte de una lista larga de políticas anti-trans relacionadas con la escuela contenidas en el recientemente aprobado Proyecto de Ley del Senado 150, que también prohíbe efectivamente el cuidado de afirmación de género para menores.

El proyecto de ley obliga a los estudiantes trans en las escuelas públicas a usar baños y vestuarios que correspondan a su sexo asignado al nacer. El personal de las escuelas públicas también puede confundir a los estudiantes de género, según la ley, y los maestros no podrán enseñar sobre orientación sexual e identidad de género a estudiantes de cualquier edad.

“Cualquier niño, independientemente de su nivel de grado, inscrito en el distrito no recibe ninguna instrucción o presentación que tenga como objetivo o propósito que los estudiantes estudien o exploren la identidad de género, la expresión de género o la orientación sexual”, dice el proyecto de ley.

El gobernador demócrata Andy Beshear intentó vetar el proyecto de ley el mes pasado, pero los republicanos en el Senado estatal anularon su veto por 29-8.

Para contrastar, en Colombia, la Corte Constitucional estableció que la cátedra de educación sexual en el país se dictara en bachillerato como una cátedra de prevención del abuso sexual. 

De acuerdo con Profamilia, se debe reconocer que “la educación sexual integral ya hace parte del ordenamiento jurídico colombiano, establecida en varias disposiciones de la Constitución Política” y que debe tratarse como tal sin importar las discrepancias de “genero” apuntando a prevenir la violencia y los embarazos no deseados.