Irán ha llevado a cabo hasta ahora 209 ejecuciones este año, según la ONU, incluida una serie de ahorcamientos por blasfemia.

El gobierno iraní está ejecutando a 10 personas cada semana por cargos dudosos como tráfico de drogas, blasfemia y “preocupaciones de seguridad nacional”, según grupos de derechos humanos.

La cifra asciende a 209 personas ejecutadas a principios de mayo de 2023, mientras que el número para todo 2022 se situó en más de 500, lo que pone a Irán en camino de ejecutar a más personas este año que el pasado.

Irán es uno de los pocos países del mundo que todavía practica la pena capital, incluso por delitos como el tráfico de drogas, la blasfemia y la “propagación de la corrupción en la tierra” o la “enemistad contra Dios”. Estos cargos infames se utilizan a menudo contra figuras políticas.

El jefe de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Volker Türk, pidió a las autoridades iraníes que detengan las ejecuciones en una declaración el martes: “Este es un récord abominable, particularmente cuando se considera el creciente consenso para la abolición universal de la pena de muerte”, dijo.

“Irán está preocupantemente en el mismo camino que el año pasado, cuando alrededor de 580 personas fueron ejecutadas”. Dijo que los informes mostraban que la última ola incluía un número “desproporcionadamente” alto de personas que representaban a las minorías en Irán.

El poder judicial iraní ha sido dirigido por la autoridad religiosa en el país desde 1979, y está bajo el control directo del Líder Supremo Ali Khamenei. Los clérigos han utilizado los tribunales para reprimir cualquier oposición al régimen en Irán y a menudo han dictado fuertes sentencias en tribunales rápidos utilizando confesiones forzadas.

Mientras tanto, los grupos de derechos humanos que monitorean el poder judicial iraní han descrito el aumento de las penas de muerte como una herramienta utilizada por el gobierno para “sembrar el miedo” entre la gente.