Un órgano de gobierno que ya no existe había dado la orden a los paramilitares de matar a Gustavo Petro, ahora presidente de Colombia, y a Álvaro Leyva, el actual ministro de Relaciones Exteriores.

El ex comandante paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso dijo el martes ante la JEP que, en la década de 1990, los escuadrones de extrema derecha tenían órdenes de asesinar a Gustavo Petro, quien ahora es presidente.

En 2006, los grupos armados de Colombia fueron desmovilizados tras un acuerdo con el gobierno de Colombia, entonces presidido por Álvaro Uribe. Hasta entonces, el país vivía un conflicto armado entre los paramilitares, apoyados por las fuerzas de seguridad, y las guerrillas izquierdistas.

El actual presidente, Gustavo Petro, era guerrillero de un grupo llamado M-19, pero depuso las armas en 1990, décadas antes del acuerdo de paz de 2006.

Aun así, fue blanco de un grupo paramilitar llamado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fue dirigido por Salvatore Mancuso.

Hubo otro hombre que fue blanco de los paramilitares y ahora es un funcionario del gobierno: Álvaro Leyva, el actual ministro de Relaciones Exteriores.

La orden de matar a Petro fue dada por un director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la unidad de inteligencia de la época. El DAS fue disuelto en 2011 por un escándalo de espionaje a jueces, políticos de la oposición y activistas de derechos humanos durante el gobierno de Uribe.

Mancuso, de 58 años, fue sentenciado en Estados Unidos a más de 15 años de prisión y ahora está tratando de recurrir a la JEP para tratar de obtener beneficios, como sentencias alternativas a prisión, en caso de un eventual regreso a Colombia.

El presidente Petro reaccionó a las declaraciones del ex paramilitar en Twitter. “Según Mancuso, José Miguel Narváez, del DAS, ordenó mi asesinato. El DAS determinó mis escoltas. Obtuvimos información previa sobre las operaciones en mi contra sin la ayuda de los gobiernos y logramos evitarlas”, dijo Petro.

El ex comandante paramilitar insistió en su testimonio en la complicidad de la policía, el ejército, la clase política y parte de la prensa en los crímenes de las AUC.