La Procuraduría General de la Nación, recuerda que se debe garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado que han llegado a la ciudad desde el pasado 28 de agosto, provenientes de los corregimientos de Matitas y Tigreras.   

Asimismo, la Procuraduría Regional de Instrucción de la Guajira, gestionó la posibilidad de brindarles alojamiento temporal, alimentación, atención médica, vestimenta y transporte de emergencia para la población que está a cargo de las administraciones  municipales. 

Igualmente, el órgano de control recalcó que las entidades territoriales “tienen el deber de priorizar en la ejecución del respectivo presupuesto, la atención de la población desplazada por la violencia, así como de atender en primer lugar todas las solicitudes de atención humanitaria, constituyendo ésta un título de gasto prevalente sobre las demás obligaciones”.

Además, exige indicar si ya se estructuró el plan de contingencia correspondiente, para satisfacer la necesidades de esta comunidad, y si ya se apropió el rubro presupuestal destinado para la atención de esa población vulnerable.