Aunque hoy termina el contrato con Tomas Greg y Song, empresa que durante más de 15 años estuvo a cargo de la producción de pasaportes colombianos, los documentos de identidad se seguirán entregan sin problema.
A través de un comunicado de prensa de la Cancillería, el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, informó que el proceso de pasaportes seguirá sin ningún tipo de problema, puesto que se acogió la ‘Urgencia Manifiesta’
Esta figura administrativa, que se declara a través de un ‘acto administrativo motivado’, está contemplada en el artículo 42 de la Ley 820 de 1993, en el que se caracteriza:
“Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos”.
“Nuestros compatriotas en el mundo entero pueden estar tranquilos. Se entiende que el pasaporte garantiza derechos y libertades que no se pueden suspender ni aun en los estados de excepción”, agregó en el comunicado la Cancillería.
Según manifestó el medio de comunicación ‘El Tiempo’, luego de algunos encuentros exploratorios con varias empresas, uno de ellos con líderes de Tomas Greg y Song, la Cancillería habría enviado a esta firma un contrato temporal, para la producción de pasaportes, en lo que se da la nueva licitación.
Por lo que, al parecer, la multinacional colombiana continuará brindando el servicio de producción de pasaportes por un año más, en lo que el Ministerio de Relaciones Exterior resuelve la nueva licitación, que según la Cancillería será “plenamente garantista”, luego de que la anterior quedara deshabilitada.
No obstante, la multinacional Tomas Greg, continuará con el proceso legal que viene llevando contra la Cancillería, el cual busca una indemnización que presuntamente superará los $100.000 millones.
A este proceso legal se le suman las investigaciones disciplinarias que ejecutan los organismos encargados, tras presuntas irregularidades en la suspensión de la licitación.
Ante el comunicado de la Cancillería, la Gobernación de Santander, informó a la comunidad que la Oficina de Pasaportes, seguirá “expidiendo y entregando los documentos de viaje con normalidad”.
